DECRETO No 667

Última reforma: decreto número 1763 aprobado por la LXIV Legislatura el 18 de noviembre del 2019 y publicado en el Periódico Oficial número 25 Séptima Sección del 19 de junio del 2021.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA,

D E C R E T A :

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, para quedar como sigue:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general, reglamentaria de los artículos 6 y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 3° y 116 apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Tiene por objeto garantizar y la privacidad y autodeterminación informativa de toda persona, mediante el establecimiento de bases, principios, obligaciones y procedimientos para asegurar el derecho a la protección de los datos personales que se encuentren en posesión de sujetos obligados en el ámbito estatal y municipal.

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables.

Todas las disposiciones de la presente Ley, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados.

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Artículo 2.- Son objetivos de la presente Ley:

I.	Establecer las bases que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

II.	Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la presente Ley, la Ley General, y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

III.	Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, estatales y municipales, con la finalidad de regular su debido tratamiento;

IV.	Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales;

V.	Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales; y

VI.	Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.	Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable, que es puesto a disposición del titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales;

II.	Bases de Datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física, identificada o identificable, condicionado a criterios determinados con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización;
I.	

III.	Bloqueo: La identificación y conservación de los datos personales, una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción correspondiente; durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponda.

IV.	Comité de Transparencia: Comité de Transparencia de cada sujeto obligado en los términos de la Ley de Transparencia, y el artículo 73, de la presente Ley, y demás normatividad aplicable;

V.	Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en recursos compartidos dinámicamente;

VI.	Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular que autoriza el tratamiento de sus datos personales;

VII.	Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

VIII.	Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

IX.	Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;

X.	Días: Días hábiles;

XI.	Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo;

XII.	Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee;

XIII.	Encargado: Persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras, trata datos personales por cuenta del responsable;
I.	

XIV.	Evaluación de impacto en la protección de datos personales: Documento mediante el cual los sujetos obligados que pretenden poner en operación o modificar políticas públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquiera otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran los impactos reales respecto determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos que puedan comprometer los principios, deberes y derechos de los titulares, así como de los deberes de los responsables y encargados, previstos en la normativa aplicable;

XV.	Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que por disposición de ley puedan ser consultados públicamente cuando no exista impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, tarifa o contribución.  No se considerará fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la presente Ley y demás normativa aplicable;

XVI.	Instituto: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca;

XVII.	Instituto Nacional: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

XVIII.	Ley: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca;

XIX.	Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca;

XX.	Ley General: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;

XXI.	Ley General de Transparencia: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XXII.	Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los titulares el aviso de privacidad, a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros de amplio alcance;

XXIII.	Medidas de seguridad: Conjunto de acciones,  actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos personales;

XXIV.	Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la información, así como la sensibilización, formación y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales;
I.	

XXV.	Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se debe considerar las siguientes actividades:

a)	Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información;

b)	Prevenir  el  daño  o  interferencia  a  las  instalaciones  físicas,  áreas  críticas  de  la organización, recursos e información;

c)	Proteger los recursos   móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico, que pueda salir fuera de las instalaciones de la organización; y

d)	Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento eficaz que asegure su disponibilidad, funcionalidad e integridad.

XXVI.	Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos personales y recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

a)	Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;

b)	Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones;

c)	Revisar  la  configuración  de  seguridad  en  la  adquisición,  operación,  desarrollo  y mantenimiento del software y hardware; y

d)	Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales.

XXVII.	Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional a la que hace referencia el artículo 49, de la Ley General de Transparencia;

XXVIII.	Pleno del Instituto: Órgano máximo de gobierno del Instituto;

XXIX.	Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente entre el responsable y encargado, dentro o fuera del territorio mexicano;

XXX.	Responsable: Los sujetos obligados señalados en el artículo 1, párrafo quinto, de la presente Ley;

XXXI.	Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al que hace referencia la Ley General de Transparencia;

XXXII.	Supresión: Actividad consistente en eliminar, borrar o destruir los datos personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el responsable. Para efectos de la presente Ley, por eliminar, borrar o destruir, se entenderá la baja archivística de los datos personales conforme a la normativa archivística que resulte aplicable;
I.	

XXXIII.	Titular: Persona física a quien pertenecen los datos personales;

XXXIV.	Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, responsable o encargado;

XXXV.	Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación o disposición de datos personales; y

XXXVI.	Unidad de Transparencia: instancia que funge como vínculo entre el responsable y el titular, siendo la misma a la que se hace referencia en el artículo 63, de la Ley de Transparencia y el artículo 75, de la presente Ley.
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como fuentes de acceso público: Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra
tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general;

I.	Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica;

II.	Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa;

III.	Los medios de comunicación social; y

IV.	Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten aplicables.

Para que los supuestos enumerados en el presente artículo sean considerados fuentes de acceso público será necesario que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, derecho o tarifa. No se considerará una fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea o tenga una procedencia ilícita.

Artículo 5.- El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros.

Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 15, de esta Ley.

En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 6.- En la aplicación e interpretación de la presente Ley se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en la Constitución Política del Estado

libre y soberano de Oaxaca, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como en las resoluciones, sentencias, determinaciones, decisiones, criterios y opiniones vinculantes, entre otros, que emitan los órganos internacionales especializados.

Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de protección de datos personales.

Artículo 7.- En todo lo no previsto en la presente Ley, se estará a la aplicación supletoria de:

I.	La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;

II.	La Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; y

III.	El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

(Artículo reformado mediante decreto número 1762, aprobado por la LXIV Legislatura del Estado el 18 de noviembre del 2020 y publicado en el Periódico Oficial número 51 Novena Sección, de fecha 19 de diciembre del 2020)

Artículo 8.- Son días hábiles para efectos de esta Ley, los que establezca la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, sin perjuicio de que el Pleno del Instituto pueda habilitar días inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando haya causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que haya que practicarse.

(Artículo reformado mediante decreto número 1762, aprobado por la LXIV Legislatura del Estado el 18 de noviembre del 2020 y publicado en el Periódico Oficial número 51 Novena Sección, de fecha 19 de diciembre del 2020)

Título Segundo Principios y Deberes

Capítulo I
De los Principios

Artículo 9.- El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.

Artículo 10.- Sera lícito el tratamiento de datos personales cuando su tratamiento sea exclusivamente en observancia a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable les confiera y deberán obtenerse a través de los medios previstos en dichas disposiciones.

Artículo 11.- Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado y deberá sujetarse a las finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las facultades y atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la presente Ley, y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 12.- El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad.

Artículo 13.- Cuando no se actualice algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 15, de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo del titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma:

I.	Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de voluntad del titular;

II.	Específica: referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el tratamiento; e

III.	Informada: que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.

En la obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la Ley, se estará a lo dispuesto en las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte aplicable.

Artículo 14.- El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología.

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando el aviso de privacidad es puesto a disposición y éste no manifiesta su voluntad en sentido contrario.

Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el artículo 15, de esta Ley.

Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la Ley o las disposiciones aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente.

Artículo 15.- El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:

I.	Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, en ningún caso, podrán contravenirla;

II.	Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable;

III.	Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes;

IV.	Cuando los datos personales sean necesarios para la prevención, el diagnóstico médico, la prestación de servicios de asistencia sanitaria, el tratamiento médico, o la gestión de servicios sanitarios.

V.	Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público;

VI.	Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente;

VII.	Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;

VIII.	Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente; o

IX.	Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de la ley en la materia.

Artículo 16.- El principio de calidad de los datos personales, requiere que el responsable adopte medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a fin de que no se altere la veracidad de éstos.

Se presume que se cumple con el principio de calidad en los datos personales cuando éstos son proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y acredite lo contrario.

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de los mismos.

Artículo 17.- Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a las disposiciones aplicables en la materia de que se trate y considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los datos personales.

El responsable deberá establecer y documentar los procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo, en los cuales se incluyan los periodos de conservación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior de la presente Ley.

En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá incluir mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados para la supresión de los datos

personales, así como para realizar una revisión periódica sobre la necesidad de conservar los datos personales.

Artículo 18.- El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

Artículo 19.- El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.

Por regla general el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos con que se cuente, tales como medios impresos, sonoros, digitales, visuales o cualquier otra tecnología; debiendo ser una redacción y estructura clara y sencilla, para cumplir con el propósito de informar.

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Sistema Nacional.

Artículo 20.- El aviso de privacidad se pondrá a disposición del titular en dos modalidades: simplificado e integral.

I.	El aviso simplificado deberá contener la siguiente información:

II.	La denominación del responsable;

III.	Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular;

IV.	Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá informar:

a)	Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales; y

b)	Las finalidades de estas transferencias.

V.	Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular; y

VI.	El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.

La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no exime al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda conocer el contenido del aviso de privacidad al que refiere el artículo siguiente.

Los mecanismos y medios a los que refiere la fracción IV, de este artículo, deberán estar disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las finalidades o transferencias que requieran el consentimiento del titular, previo a que ocurra dicho tratamiento.

Artículo 21.- El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en las fracciones del artículo anterior, al que refiere la fracción V, del artículo anterior, deberá contener al menos, la siguiente información:

I.	El domicilio del responsable;

II.	Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son sensibles;

III.	El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;

IV.	Las  finalidades  del  tratamiento  para  las  cuales  se  obtienen  los  datos  personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular;

V.	Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO;

VI.	El domicilio de la Unidad de Transparencia; y

VII.	Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad.

Artículo 22.- El responsable deberá implementar los mecanismos necesarios para cumplir con los principios, deberes y obligaciones establecidos en la presente Ley y rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su posesión al titular, según corresponda el caso, en el cual deberá observar la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; en lo que no se contraponga con la normativa mexicana podrá valerse de estándares o mejores prácticas nacionales o internacionales para tales fines.

Artículo 23.- Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el principio de responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los siguientes:

I.	Destinar recursos autorizados  para tal fin,  para  la  instrumentación  de  programas y políticas de protección de datos personales;

II.	Elaborar políticas y programas de protección de datos personales obligatorios y exigibles al interior de la organización del responsable;

III.	Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales;

IV.	Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para determinar las modificaciones que se requieran;
I.	

V.	Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo auditorías, para comprobar  el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales;

VI.	Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares;

VII.	Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y las demás que resulten aplicables en la materia; y

VIII.	Garantizar que sus políticas públicas, programas,  servicios,  sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas en la presente Ley y las demás que resulten aplicables en la materia.

Capítulo II De los Deberes

Artículo 24.- Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Artículo 25.- Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar:

I.	El riesgo inherente a los datos personales tratados;

II.	La sensibilidad de los datos personales tratados;

III.	El desarrollo tecnológico;

IV.	Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares;

V.	Las transferencias de datos personales que se realicen;

VI.	El número de titulares;

VII.	Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento; y

VIII.	El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión.
I.	

Artículo 26.- Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el responsable deberá  realizar, al menos, las  siguientes acciones interrelacionadas:

I.	Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión;

II.	Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos personales;

III.	Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;

IV.	Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser,  de manera  enunciativa más no limitativa, hardware, software, personal del responsable, entre otros;

V.	Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las faltantes en la organización del responsable;

VI.	Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales;

VII.	Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales; y

VIII.	Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales.

Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión.

Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y las demás disposiciones que le resulten aplicables en la materia.

Artículo 27.- De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de seguridad que contenga, al menos, lo siguiente:

I.	El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;

II.	Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales;

III.	El análisis de riesgos;

IV.	El análisis de brecha;
I.	

V.	El plan de trabajo;

VI.	Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y

VII.	El programa general de capacitación.

Artículo 28.- El responsable deberá actualizar el documento de seguridad cuando ocurran los siguientes eventos:

I.	Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven en un cambio en el nivel de riesgo;

II.	Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del sistema de gestión;

III.	Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la seguridad ocurrida; e

IV.	Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad.

Artículo 29.- Se considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del tratamiento de datos, además de las que señalen las leyes respectivas y la normatividad aplicable, al menos las siguientes:

I.	La pérdida o destrucción no autorizada;

II.	El robo, extravío o copia no autorizada;

III.	El uso, acceso o tratamiento no autorizado; o

IV.	El daño, la alteración o modificación no autorizada.

En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable deberá analizar las causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de trabajo las acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales si fuese el caso a efecto de evitar que la vulneración se repita.

El responsable deberá llevar una bitácora de las vulneraciones a la seguridad en la que se describa ésta, la fecha en la que ocurrió, el motivo de ésta y las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva.

Artículo 30.- El responsable deberá informar sin dilación alguna al titular, y según corresponda, al Instituto, las vulneraciones que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales, en cuanto se confirme que ocurrió la vulneración y que el responsable haya empezado a tomar las acciones encaminadas a detonar un proceso de revisión exhaustiva de la magnitud de la afectación, a fin de que los titulares afectados puedan tomar las medidas correspondientes para la defensa de sus derechos.

El responsable deberá informar al titular al menos lo siguiente:

I.	La naturaleza del incidente;
I.	

II.	Los datos personales comprometidos;

III.	Las recomendaciones al titular acerca de las medidas que éste pueda adoptar para proteger sus intereses;

IV.	Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata; y

V.	Los medios donde puede obtener más información al respecto.

El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo. Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la información pública.

Título Tercero
Derechos de los Titulares y su Ejercicio

Capítulo I
De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

Artículo 31.- En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.

Los datos personales sólo podrán ser proporcionados a su titular, a su representante, a la autoridad judicial que funde y motive su solicitud, o a terceros en los términos de la presente Ley.

Artículo 32.-El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento.

Artículo 33.- El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.

Artículo 34.- El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.

Artículo 35.- El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese el mismo, cuando:

I.	Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular; y
I.	

II.	Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.

Capítulo II
Del Ejercicio de los Derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

Artículo 36.- La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO que se formulen a los responsables, se sujetará al procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 37.- Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante.

El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en su caso, por mandato judicial.

En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la misma legislación.

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente Capítulo, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto.

Artículo 38.- La solicitud de ejercicio de derechos ARCO, debe presentarse ante la Unidad de Transparencia del responsable, que el titular considere competente, ya sea por escrito o cualquier modalidad habilitada por éste que genere el comprobante respectivo de acuse de recibo.

En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores requisitos que los siguientes:

I.	El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

II.	Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante;

III.	De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud;
I.	

IV.	La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;

V.	La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y

VI.	Cualquier  otro  elemento  o  documento  que  facilite  la  localización  de  los  datos personales, en su caso.
Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación.

En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, y el Instituto o los organismos garantes no cuenten con elementos para subsanarla, se prevendrá al titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto, para resolver la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.

Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de datos del responsable.

En el caso de la solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición.

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia del responsable, que el titular considere competente, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto y los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias.

El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda.
El Instituto, según corresponda, podrán establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitar a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO.

Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible

considerando el perfil de los titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano o común con el responsable.

Artículo 39.- La solicitud debe hacerse en términos respetuosos, no podrá imponerse mayores requisitos que los siguientes:

I.	Nombre del responsable a quien se dirige y de ser posible, el área responsable que trata los datos personales;

II.	Nombre del solicitante titular de la información y del representante legal, en su caso;

III.	Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

IV.	Los documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante;

V.	La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular;

VI.	Planteamiento concreto claro y preciso de los datos sobre los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; y

VII.	Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad,  en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación.

Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de datos del responsable.

En el caso de la solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición.

Artículo 40.- El responsable debe revisar que la solicitud para el ejercicio de derechos ARCO cumpla con los requisitos del artículo 39 de la presente Ley.

En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga algunos de los requisitos a que refiere el artículo anterior y el responsable no cuente con elementos para subsanarla se prevendrá al Titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Trascurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el responsable para resolver la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.

Artículo 41.- Cuando el responsable no sea competente para atender las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular dicha situación dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el responsable competente.

Artículo 42.- Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente, son:

I.	Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello;

II.	Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;

III.	Cuando exista un impedimento legal;

IV.	Cuando se lesionen los derechos de un tercero;

V.	Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;

VI.	Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos;

VII.	Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada;

VIII.	Cuando el responsable no sea competente;

IX.	Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular;

X.	Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular;

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar al titular, el motivo de su determinación en el plazo de hasta veinte días a los que se refiere el primer párrafo del artículo 46, de la presente Ley, por el mismo medio en que se presentó la solicitud, acompañando en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.

Artículo 43.- Asimismo, en caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento al titular.

Artículo 44.- Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del procedimiento que el responsable haya institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO conforme a las disposiciones establecidas en este Capítulo.

Artículo 45.-La Unidad de Transparencia debe integrar un expediente por cada solicitud para el ejercicio de derechos ARCO admitida y asignarle un número único progresivo de identificación.

I.	El expediente deberá contener:

II.	El original de la solicitud, con sus anexos, en su caso;

III.	Las actuaciones de los trámites realizados en cada caso;

IV.	El original de la resolución; y

V.	Los demás documentos que señalen otras disposiciones aplicables.

Artículo 46.- El Comité de Transparencia deberá emitir respuesta dentro de los veinte días siguientes a la admisión de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO.

El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días, cuando así lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le notifique al titular dentro del plazo de respuesta.

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular.

Artículo 47.- El responsable, puede resolver una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, en sentido procedente, procedente parcialmente e improcedente.

I.	La resolución deberá contener:

II.	Nombre del responsable correspondiente;

III.	Número de expediente de la solicitud;

IV.	Datos de la solicitud;

V.	Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución;

VI.	Puntos resolutivos sobre la procedencia de la solicitud; y

VII.	Lugar, fecha, nombre y firma de quien resuelve.
I.	

Artículo 48.- En caso de que el responsable declare la inexistencia de los datos personales en sus archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos personales.

Artículo 49.- El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la normatividad que resulte aplicable.

Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular.

Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular.

Capítulo III.
De la portabilidad de los datos

Artículo 50.- Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizándolos.

Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transferir dichos datos personales y cualquier otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales.

Para determinar los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado y comúnmente utilizado, así como las normas, técnicas, modalidades y procedimientos para la transferencia de datos personales, se estará a lo dispuesto por los Lineamientos que para tal efecto emita el Sistema Nacional.

Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 90 de la presente Ley.

Título Cuarto
Relación del Responsable y Encargado

Capítulo Único Responsable y Encargado

Artículo 51.- El encargado deberá realizar las actividades de tratamiento de los datos personales sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus actuaciones a los términos fijados por el responsable.

Artículo 52.- La relación entre el responsable y el encargado deberá estar formalizada mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, de conformidad con la normativa que le resulte aplicable, y que permita acreditar su existencia, alcance y contenido.

En el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberá prever, al menos, las siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste el encargado:

I.	Realizar  el  tratamiento  de  los  datos  personales  conforme  a  las  instrucciones  del responsable;

II.	Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el responsable;

III.	Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables;

IV.	Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata por sus instrucciones;

V.	Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados;

VI.	Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento, una vez cumplida la relación jurídica con el responsable, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación de los datos personales, y

VII.	Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el responsable así lo determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la autoridad competente.

Los acuerdos entre el responsable y el encargado relacionados con el tratamiento de datos personales no deberán contravenir la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como lo establecido en el aviso de privacidad correspondiente.

Artículo 53.- Cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y decida por sí mismo sobre el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter de responsable conforme a la legislación en la materia que le resulte aplicable.

Artículo 54.- El encargado podrá, a su vez, subcontratar servicios que impliquen el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable, siempre y cuando medie la autorización expresa

de este último. El subcontratado asumirá el carácter de encargado en los términos de la presente la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Cuando el contrato o el instrumento jurídico mediante el cual se haya formalizado la relación entre el responsable y el encargado, prevea que este último pueda llevar a cabo a su vez las subcontrataciones de servicios, la autorización a la que refiere el párrafo anterior se entenderá como otorgada a través de lo estipulado en éstos.

Una vez obtenida la autorización expresa del responsable, el encargado deberá formalizar la relación adquirida con el subcontratado a través de un contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida, de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable, y permita acreditar la existencia, alcance y contenido de la prestación del servicio en términos de lo previsto en el presente Capítulo.

Artículo 55.- El responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura en el cómputo en la nube, y otras materias que impliquen el tratamiento de datos personales, siempre y cuando el proveedor externo garantice políticas de protección de datos personales equivalentes a los principios y deberes establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

En su caso, el responsable deberá delimitar el tratamiento de los datos personales por parte del proveedor externo a través de cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos.

Artículo 56.- Para el tratamiento de datos personales en servicios, aplicaciones e infraestructura de cómputo en la nube y otras materias, en los que el responsable se adhiera a los mismos mediante condiciones o cláusulas generales de contratación, sólo podrá utilizar aquellos servicios en los que el proveedor:

I.	Cumpla, al menos, con lo siguiente:

a)	Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los principios y deberes aplicables que establece la presente Ley y demás normativa aplicable;

b)	Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la que se presta el servicio;

c)	Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le autoricen o permitan asumir la titularidad o propiedad de la información sobre la que preste el servicio; y

d)	Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que se preste el servicio.

II.	Cuente con mecanismos, al menos, para:

a)	Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del servicio que presta;

b)	Permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de los datos personales sobre los que se presta el servicio;
a)	

c)	Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos personales sobre los que se preste el servicio;

d)	Garantizar la supresión de los datos personales una vez que haya concluido el servicio prestado al responsable y que este último haya podido recuperarlos; y

e)	Negar el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con privilegios de acceso, o bien en caso de que sea a solicitud fundada y motivada de autoridad competente, informar de ese hecho al responsable.

En cualquier caso, el responsable no podrá adherirse a servicios que no garanticen la debida protección de los datos personales, conforme a la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Título Quinto Comunicaciones de Datos Personales

Capítulo Único
De las Transferencias y Remisiones de Datos Personales

Artículo 57.- Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en los artículos 15 y 62 de la presente Ley.

Artículo 58.- Toda transferencia deberá formalizarse  mediante la suscripción de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos:

I.	Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a éstos; o

II.	Cuando la transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito y ratificado por México, o bien, se realice a petición de una autoridad extranjera u organismo internacional competente en su carácter de receptor, siempre y cuando las facultades entre el responsable transferente y receptor sean homólogas, o bien, las finalidades que motivan la transferencia sean análogas o compatibles respecto de aquéllas que dieron origen al tratamiento del responsable transferente.
I.	

Artículo 59.- Cuando la transferencia sea nacional, el receptor de los datos personales deberá tratar los datos personales comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente los utilizará para los fines que fueron transferidos atendiendo a lo convenido en el aviso de privacidad que le será comunicado por el responsable transferente.

Artículo 60.- El responsable sólo podrá transferir o hacer remisión de datos personales fuera del territorio nacional cuando el tercero receptor o el encargado se obligue a proteger los datos personales conforme a los principios y deberes que establece la presente Ley y las disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 61.- En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá comunicar al receptor de los datos personales el aviso de privacidad conforme al cual se tratan los datos personales frente al titular.

Artículo 62.- El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de requerir el consentimiento del titular, en los siguientes supuestos:

I.	Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México;

II.	Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;

III.	Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia;

IV.	Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última;

V.	Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados;

VI.	Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular;

VII.	Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero;

La actualización de alguna de las excepciones previstas en este artículo, no exime al responsable de cumplir con las obligaciones previstas en el presente Capítulo que resulten aplicables.

Las remisiones nacionales e internacionales de datos personales que se realicen entre responsable y encargado no requerirán ser informadas al titular, ni contar con su consentimiento.

Título Sexto
Acciones Preventivas en Materia de Protección de Datos Personales

Capítulo I
De las Mejores prácticas

Artículo 63.- Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, el responsable podrá desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros responsables, encargados u organizaciones, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

I.	Elevar el nivel de protección de los datos personales;

II.	Armonizar el tratamiento de datos personales en un sector específico;

III.	Facilitar el ejercicio de los derechos ARCO por parte de los titulares;

IV.	Facilitar las transferencias de datos personales;

V.	Complementar las disposiciones previstas en la normatividad que resulte aplicable en materia de protección de datos personales; y

VI.	Demostrar ante el Instituto y/o el Instituto Nacional el cumplimiento de la normatividad que resulte aplicable en materia de protección de datos personales.

Artículo 64.- Todo esquema de mejores prácticas que busque la validación o reconocimiento por parte del Instituto deberá:

l. Cumplir con los parámetros que para tal efecto se emitan, conforme a los criterios que fije el Instituto Nacional; y

II. Ser notificado ante el Instituto de conformidad con el procedimiento establecido en los parámetros señalados en la fracción anterior, a fin de que sean evaluados y, en su caso, validados o reconocidos e inscritos en el registro al que refiere el último párrafo de este artículo.

El Instituto deberá emitir las reglas de operación de los registros en los que se inscribirán aquellos esquemas de mejores prácticas validados o reconocidos.

El Instituto, podrá inscribir los esquemas de mejores prácticas que hayan reconocido o validado en el registro administrado por el Instituto Nacional, de acuerdo con las reglas que fije este último.

Artículo 65.- Para efectos de esta Ley se considerará que se está en presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales cuando:

I.	Existan  riesgos inherentes a los datos personales a tratar;
I.	

II.	Se traten de datos personales sensibles, y

III.	se	efectúen	o	pretendan	efectuar	transferencias	de	datos	personales

Artículo 66.- Cuando el responsable pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que a su juicio y de conformidad con esta ley impliquen el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, deberá realizar una evaluación de impacto en la protección de datos personales, y presentarla ante el Instituto, quien podrá emitir recomendaciones no vinculantes especializadas en la materia de protección de datos personales.

El contenido de la evaluación de impacto a la protección de datos personales deberá determinarse por el Sistema Nacional.

Artículo 67.- Los sujetos obligados que realicen una evaluación al impacto en la protección de datos personales, deberán presentarla ante el Instituto, treinta días anteriores a la fecha en que se pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología, lo anterior para efecto de que se emitan las recomendaciones no vinculantes correspondientes.

Artículo 68.- El Instituto deberá emitir las recomendaciones no vinculantes, correspondientes, dentro de los treinta días siguientes a la presentación sobre la Evaluación de impacto en la protección de datos personales de cada responsable.

Artículo 69.- Cada responsable podrá determinar no realizar la Evaluación al impacto a la protección de datos personales, justificando mediante un acuerdo, los elementos que considere que comprometen la finalidad y los efectos que se pretenden en la posible puesta en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales o bien que, se trate de situaciones de emergencia o urgencia.

Capítulo II
De las bases de datos en posesión de instancias de seguridad, procuración y administración de justicia

Artículo 70.- La obtención y tratamiento de datos personales, en términos de lo que dispone esta Ley, por parte de las sujetos obligados competentes en instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública, o para la prevención o persecución de los delitos. Deberán ser almacenados en las bases de datos establecidas para tal efecto.

Las autoridades que accedan y almacenen los datos personales que se recaben por los particulares en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, deberán cumplir con las disposiciones señaladas en el presente Capítulo.

Artículo 71.- En el tratamiento de datos personales así como en el uso de las bases de datos para su almacenamiento, que realicen los sujetos obligados competentes de las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia deberá cumplir con los principios establecidos en el Título Segundo de la presente Ley.

Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el Fiscal General del Estado, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

Artículo 72.- Los responsables de las bases de datos a que se refiere este Capítulo, deberán establecer medidas de seguridad de nivel alto, para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Título Séptimo
Responsables en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados

Capítulo I
Comité de Transparencia

Artículo 73.- Cada responsable contará con un Comité de Transparencia, el cual se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y demás normativa aplicable.

El Comité de Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de datos personales.

Artículo 74.- Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I.	Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de los datos personales en la organización del responsable, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia;

II.	Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

III.	Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO;
I.	

IV.	Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una mejor observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia;

V.	Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de seguridad;

VI.	Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto y los organismos garantes, según corresponda;

VII.	Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en materia de protección de datos personales; y

VIII.	Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que tenga conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de determinado tratamiento de datos personales; particularmente en casos relacionados con la declaración de inexistencia que realicen los responsables.

Capítulo II
De la Unidad de Transparencia

Artículo 75.- Cada responsable contará con una Unidad de Transparencia, misma que se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, la presente Ley y demás normatividad aplicable.

Sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, para los efectos de la presente Ley, la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I.	Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos personales;

II.	Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

III.	Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados;

IV.	Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío de los datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables;

V.	Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
I.	

VI.	Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; y

VII.	Asesorar  a  las  áreas  adscritas  al  responsable  en  materia  de  protección  de  datos personales.

Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos de datos personales relevantes o intensivos, podrán designar a un oficial de protección de datos personales, especializado en la materia, quien realizará las atribuciones mencionadas en este artículo y formará parte de la Unidad de Transparencia.

Artículo 76.- En la designación del titular de la Unidad de Transparencia, el responsable estará a lo dispuesto en la Ley Transparencia, y demás normativa aplicable.

Título Octavo
Del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Capítulo Único Naturaleza y atribuciones

Artículo 77.- El Instituto es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones y tiene como funciones, promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública de libre acceso y proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 78.- La integración, procedimiento de designación y funcionamiento del Instituto estará sujeta a lo dispuesto por la Ley de Transparencia, y demás normatividad aplicable.

Artículo 79.- El patrimonio y las relaciones laborales del Instituto, quedara sujeto a las disposiciones aplicables para tal efecto que señala la Ley de Transparencia.

Artículo 80.- Sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, para los efectos de la presente Ley, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I.	Garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados;

II.	Difundir el derecho de protección de datos personales, haciéndolo accesible a cualquier persona y desarrollando políticas activas de difusión;

III.	Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos materia de tratamiento de datos personales, los procesos de protección y denuncia;

IV.	Capacitar a los sujetos obligados en sus obligaciones respecto el tratamiento de datos personales en su posesión; los responsables deberán colaborar con el Instituto y el Instituto Nacional, según corresponda, para capacitar y actualizar de forma permanente a
I.	

todos sus servidores públicos en materia de protección de datos personales, a través de la impartición de cursos, seminarios, talleres y cualquier otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente;

V.	Promover la cultura de la protección de datos personales para impulsar la inclusión en el sistema educativo estatal y de educación superior, de programas, planes de estudio, asignaturas, libros y materiales que fomenten entre los alumnos la importancia del cuidado, ejercicio y respeto de sus datos personales, así como las obligaciones de las autoridades y de las propias personas al respecto;

VI.	Promover con las universidades del Estado u otros organismos o agrupaciones que gocen de reconocimiento, la elaboración e implementación de diplomados, postgrados, maestrías, entre otros, sobre estos temas, aunado a coadyuvar en la impartición y desarrollo de diplomados y posgrados, así como las actividades académicas relativas con este derecho, en todos los niveles educativos entre las instituciones educativas en el Estado;

VII.	Promover la impartición del tema de protección de datos personales, a través de clases, talleres, pláticas y foros en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; Impulsar en conjunto con instituciones de educación superior, la integración de centros de investigación, difusión y docencia sobre el derecho a la protección de datos personales que promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con el Instituto;

VIII.	Fomentar la creación de espacios de participación social y ciudadana que estimulen el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación ciudadana y los responsables;

IX.	Coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en lengua indígena, sean atendidos en la misma lengua;

X.	Garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, condiciones de accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales;

XI.	Elaborar formatos guía para toda la población y los sujetos obligados:

a)	De solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; y

b)	De Recurso de Revisión.

XII.	Suscribir convenios de colaboración con el Instituto Nacional para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

XIII.	Solicitar la cooperación del Instituto Nacional en los términos del artículo 89, fracción XXX de la Ley General;

XIV.	Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la presente Ley;
I.	

XV.	Administrar, en el ámbito de sus competencias, la Plataforma Nacional;

XVI.	Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos de verificación;

XVII.	Aplicar para evaluar el desempeño indicadores y criterios de los responsables respecto del cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables;

XVIII.	Emitir, en su caso, las recomendaciones no vinculantes correspondientes a la Evaluación de impacto en protección de datos personales que le sean presentadas;

XIX.	Conocer, sustanciar y resolver, en el ámbito de sus respectivas competencias, de los recursos de revisión interpuestos por los titulares, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

XX.	Presentar petición fundada al Instituto Nacional, para que conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, en términos de lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

XXI.	Proporcionar al Instituto Nacional los elementos que requiera para resolver los recursos de inconformidad que le sean presentados, en términos de lo previsto por la Ley General, y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

XXII.	Establecer y ejecutar las medidas de apremio previstas en términos de lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

XXIII.	Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones;

XXIV.	Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la probable responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones que resulten aplicables;

XXV.	Aprobar, a propuesta del Presidente del Consejo General, los reglamentos, lineamientos, manuales de procedimientos, políticas y demás normas que resulten necesarias para la instrumentación de la presente ley.

XXVI.	Vigilar, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

XXVII.	Interpretar la presente Ley en el ámbito administrativo;

XXVIII.	Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la legislatura del Estado, cuando éstas vulneren el derecho a la protección de datos personales; y

XXIX.	Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 81.- La integración y funcionamiento del Pleno del Instituto se sujetará a lo señalado en la Ley de Transparencia.

Título Noveno
De los Procedimientos de Impugnación
en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Capítulo I
Disposiciones Comunes a los Recursos de Revisión y Recursos de Inconformidad

Artículo 82.- El titular o su representante podrán interponer un recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia, según corresponda, a través de los siguientes medios:

I.	Por  escrito  libre  en  el  domicilio  del  Instituto  o  la  Unidad  de  Transparencia  según corresponda, o en las oficinas habilitadas que al efecto establezcan;

II.	Por correo certificado con acuse de recibo;

III.	Por los formatos habilitados que para tal efecto emita el Instituto;

IV.	Por los medios electrónicos que para tal fin se autoricen; o

V.	Cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto o el Instituto Nacional.

Se presumirá que el titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo conducto que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno distinto para recibir notificaciones.

Artículo 83.- El titular podrá acreditar su identidad a través de cualquiera de los siguientes medios:

I.	Identificación oficial;

II.	Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya, o

III.	Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto o el Instituto Nacional, según corresponda, publicados mediante acuerdo general en el Diario Oficial de la Federación o el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

La utilización de la firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya eximirá de la presentación de la copia del documento de identificación.

Artículo 84.- Cuando el titular actúe mediante un representante, éste deberá acreditar su personalidad en los siguientes términos:

I.	Si se trata de una persona física, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores, o instrumento público, o declaración en comparecencia personal del titular y del representante ante el Instituto;

II.	Si se trata de una persona moral, mediante instrumento público.

Artículo 85.- La interposición de un recurso de revisión de datos personales concernientes a personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo.

Artículo 86.- En la sustanciación de los recursos de revisión las notificaciones que emita el Instituto surtirán efectos el mismo día en que se practiquen.

Las notificaciones podrán efectuarse:

I.	Personalmente en los siguientes casos:

a)	Se trate de la primera notificación;

b)	Se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;

c)	Se trate de la solicitud de informes o documentos;

d)	Se trate de la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate; y

e)	En los demás casos que disponga la ley;

II.	Por correo certificado con acuse de recibo o medios digitales o sistemas autorizados por el Instituto y publicados mediante acuerdo general en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, cuando se trate de requerimientos, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y resoluciones que puedan ser impugnadas;

III.	Por correo postal ordinario o por correo electrónico ordinario cuando se trate de actos distintos de los señalados en las fracciones anteriores; o

IV.	Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en su domicilio, se ignore éste o el de su representante.

Artículo 87.- El cómputo de los plazos señalados en el presente Título comenzará a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación correspondiente.

Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía por parte del Instituto.

Artículo 88.- Cuando el titular, responsable o cualquier otra autoridad se niegue atender o cumplimentar los requerimientos, solicitudes de información y documentación, emplazamientos, citaciones o diligencias notificadas por el Instituto o facilitar la práctica de las diligencias que hayan sido ordenadas, o entorpezca las actuaciones, tendrán por perdido su derecho para hacerlo valer en algún otro momento del procedimiento, teniendo para el Instituto, ciertos los hechos materia del procedimiento y resolverá con los elementos que disponga.

Artículo 89.- En la sustanciación de los recursos de revisión, las partes podrán ofrecer las siguientes pruebas:

I.	La documental pública;

II.	La documental privada;

III.	La inspección;

IV.	La pericial;

V.	La testimonial;

VI.	La confesional, excepto tratándose de autoridades;

VII.	Las imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos aportados por la ciencia y tecnología; y

VIII.	La presunción legal y humana.

El Instituto podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

Capítulo II
Del Recurso de Revisión ante el Instituto

Artículo 90.- El titular, representante o aquella persona que acredite tener interés jurídico o legítimo de la resolución de la solicitud para el ejercicio de derechos ARCO, emitida por el responsable, podrá interponer recurso de revisión ante el Instituto o la Unidad de Transparencia del responsable, dentro del plazo de quince días después de notificada la resolución de la solicitud.

Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, sin que se haya efectuado ésta, el titular, o en su caso, su representante podrán interponer el recurso de revisión dentro de los quince días siguientes al que haya vencido el plazo para dar respuesta.

Artículo 91.- El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos:

I.	Se  clasifiquen  como  confidenciales  los  datos  personales  sin  que  se  cumplan  las características señaladas en las leyes que resulten aplicables;

II.	Se declare la inexistencia de los datos personales;

III.	Se declare la incompetencia por el responsable;

IV.	Se entreguen datos personales incompletos;

V.	Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado;

VI.	Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;
I.	

VII.	No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

VIII.	Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o formato distinto al solicitado, o en un formato incomprensible;

IX.	El titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los datos personales;

X.	Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de que fue notificada la procedencia de los mismos;

XI.	No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO; y

XII.	En los demás casos que dispongan las leyes.

Artículo 92.- Los únicos requisitos exigibles en el escrito de interposición del recurso de revisión serán los siguientes:

I.	Señalar el área responsable ante quien se presentó la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO;

II.	El nombre del titular que recurre o su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como el domicilio o medio que señale para recibir notificaciones;

III.	La fecha en que fue notificada la respuesta al titular, o bien, en caso de falta de respuesta la fecha de la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO;

IV.	El acto que se recurre y los puntos petitorios, así como las razones o motivos de inconformidad;

V.	En su caso, copia de la respuesta que se impugna y de la notificación correspondiente; y

VI.	Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su representante.

Al recurso de revisión se podrán acompañar las pruebas y demás elementos que considere el titular procedentes someter a juicio del Instituto.

En ningún caso será necesario que el titular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

Artículo 93.- Durante el procedimiento a que se refiere el presente Capitulo, el Instituto deberá aplicar la suplencia de la queja a favor del titular, siempre y cuando no altere el contenido original del recurso de revisión, ni modifique los hechos o peticiones expuestas en el mismo, así como garantizar que las partes puedan presentar los argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones.

Si en el escrito de interposición del recurso de revisión el titular no cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo 92, de la presente Ley, y el Instituto no cuente con elementos para subsanarlos, éstos deberán requerir al titular, por una sola ocasión, la información que

subsane las omisiones y/o deficiencias en un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la presentación del escrito.

El titular contará con un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la prevención, para subsanar las omisiones, con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con el requerimiento, se desechará el recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.

Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que se pudo haber incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables a la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 94.- Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto, podrá buscar la conciliación entre el titular y responsable.

El procedimiento se estará a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente artículo, no resultará aplicable cuando el titular sea menor de edad y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca vinculados con la presente Ley, salvo que cuente con representación legal debidamente acreditada.

De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto deberá verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo.

Artículo 95.- El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando:

I.	Se presente de forma extemporánea;

II.	Que el Instituto haya resuelto anteriormente en definitiva sobre la materia del mismo;

III.	Que no se actualicen algunas de las causales de procedencia previstas en el artículo 91, de la presente Ley;

IV.	Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente o en su caso por el tercero interesado, en contra del acto recurrido;

V.	El recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente respecto de los actos nuevos contenidos;

VI.	El recurrente no acredite su interés jurídico; o
I.	

VII.	El Titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este último.

El desechamiento no implica la preclusión del derecho del titular para interponer ante el Instituto, un nuevo recurso de revisión.

Artículo 96.- El recurso de revisión podrá ser sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales:

I.	El recurrente se desista expresamente;

II.	El recurrente fallezca;

III.	Que sobrevenga alguna de las causales de improcedencia después de admitido el recurso;

IV.	Quede sin materia el recurso de revisión; y

V.	El responsable modifique o revoque la respuesta o realice actos positivos de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia.

Artículo 97.- El Instituto debe revisar de forma oficiosa la existencia de terceros afectados y notificar al Responsable y en su caso al tercero, dentro de los cinco días siguientes a su admisión.

El Responsable deberá enviar un informe en contestación del recurso de revisión, dentro de los tres días siguientes a la notificación anterior.

El tercero afectado debe presentar ante el Instituto la defensa de sus intereses, por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación del primer párrafo.

Cuando el recurso de revisión se presente ante el Responsable debe remitirlo al Instituto, junto con su informe, dentro de los tres días siguientes a su recepción. En este caso el Instituto debe resolver la admisión del recurso previo análisis del informe y dentro de los dos siguientes a su recepción.

Artículo 98.- El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días a partir de la admisión del mismo, el cual podrá ampliarse por una sola ocasión hasta por veinte días. En caso de que el Instituto amplíe el plazo para emitir la resolución correspondiente deberá emitir un acuerdo donde funde y motive las circunstancias de la ampliación. La resolución podrá:

I.	Desechar o sobreseer el recurso de revisión por improcedente;

II.	Confirmar la respuesta del responsable;

III.	Revocar o modificar la respuesta del responsable;

IV.	Ordenar la entrega, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, en caso de omisión del responsable.
I.	

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente pronunciarse sobre la procedencia de los puntos controvertidos de la solicitud.

Las resoluciones del Instituto, serán vinculantes e inatacables para los sujetos obligados, por lo que no procede recurso o juicio ordinario o administrativo alguno, salvo lo establecido en el siguiente párrafo.

El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, en versión pública, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Los titulares podrán impugnar dichas resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación mediante Juicio de Amparo.

Artículo 99.- El Responsable debe ejecutar las acciones que le correspondan para el cumplimiento de la resolución, dentro del plazo que determine la propia resolución, el cual en ningún caso podrá ser superior a diez días.

CAPÍTULO III.
Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto Nacional y su Facultad de Atracción.

Artículo 100.- Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponiendo el recurso de inconformidad previsto en esta Ley o ante el Poder Judicial de la Federación mediante el Juicio de Amparo.

El Instituto podrá solicitar al Instituto Nacional, ejerza la facultad de atracción para conocer aquellos recursos pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten, observando el procedimiento de conformidad con la Ley General.

Título Décimo
Facultad de Verificación del Instituto

Capítulo Único
Del Procedimiento de Verificación

Artículo 101.- El Instituto, en el ámbito de su competencia, tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, la Ley General, y demás ordenamientos que se deriven de éstas.

En el ejercicio de las funciones de vigilancia y verificación, el personal del Instituto, estará obligado a guardar confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso en virtud de la verificación correspondiente.

El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de una verificación, o a sus bases de datos personales, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información.

Artículo 102.- La verificación podrá iniciarse:

I.	De oficio cuando el Instituto cuente con indicios que hagan presumir de manera fundada y motivada la existencia de violaciones a las leyes correspondientes; o

II.	Por denuncia del titular de los datos personales cuando considere que ha sido afectado por actos del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley General y demás normativa aplicable, o en su caso, por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

El derecho a presentar una denuncia precluye en el término de un año contado a partir del día siguiente en que se realicen los hechos u omisiones materia de la misma. Cuando los hechos u omisiones sean de tracto sucesivo, el término empezará a contar a partir del día hábil siguiente al último hecho realizado.

La verificación no procederá en los supuestos de procedencia del recurso de revisión previstos en la presente Ley.

Previo a la verificación respectiva, el Instituto podrá desarrollar investigaciones previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo de inicio respectivo.

Artículo 103.- Para la presentación de una denuncia no podrán solicitarse mayores requisitos de los que a continuación se describen:

I.	El nombre de la persona que denuncia, o en su caso, de su representante;

II.	El domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia;

III.	La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que cuente para probar su dicho;

IV.	El sujeto obligado y/o el responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para su identificación y/o ubicación;

V.	La firma del denunciante, o en su caso, de su representante. En caso de no saber firmar, bastará la huella digital.

La denuncia podrá presentarse por escrito libre, o a través de los formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto, según corresponda.

Una vez recibida la denuncia, el Instituto deberá acusar el recibo de la misma. El acuerdo correspondiente se notificará al denunciante.

Artículo 104.- La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la procedencia de la actuación por parte del Instituto, la cual tiene por objeto requerir al sujeto obligado y/o responsable la documentación e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del sujeto obligado y/o responsable, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas.

Para la verificación en instancias de seguridad pública, se requerirá en la resolución, la aprobación del Pleno del Instituto, por votación de mayoría calificada de sus Comisionados; así como de una fundamentación y motivación reforzada de la causa del procedimiento, debiéndose asegurar la información sólo para uso exclusivo de la autoridad y para los fines establecidos en el párrafo cuarto de este artículo. El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta días.

El Instituto podrá ordenar medidas cautelares, si del desahogo de la verificación advierten un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales, siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de bases de datos de los sujetos obligados. Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y será temporal hasta en tanto los sujetos obligados lleven a cabo las recomendaciones hechas por el Instituto.

El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Instituto, en la cual, se establecerán las medidas que deberá adoptar el Responsable en el plazo que la misma determine.

Artículo 105.- Los responsables podrán voluntariamente someterse a la realización de auditorías por parte del Instituto, que tengan por objeto verificar la adaptación, adecuación de los controles, medidas y mecanismos implementados para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley, la Ley General y demás normativa que resulte aplicable.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles implementados por el Responsable, identificar sus deficiencias, así como proponer acciones correctivas complementarias, o bien, recomendaciones que en su caso correspondan.

Título Décimo Primero
Medidas de Apremio y Responsabilidades

Capítulo I
De las Medidas de Apremio

Artículo 106.- El Instituto podrá interponer las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las determinaciones emitidas:

I.	Amonestación pública; o

II.	Multa equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
I.	

El incumplimiento de los Responsables, será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del Instituto, y considerado en las evaluaciones que realice.

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 115, de la presente Ley, se deberán denunciar los hechos ante la autoridad competente. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 107.- Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior, no se cumpliere la resolución del Instituto, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en el plazo de cinco días obligue a cumplir sin demora.

De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico, las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior. Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se dará vista a la autoridad competente en materia de responsabilidades.

Artículo 108.- Para calificar las medidas de apremio establecidas en el presente Capítulo, el Instituto deberá considerar:

I.	La gravedad de la falta del responsable, determinada por elementos tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la afectación al ejercicio de sus atribuciones;

II.	La condición económica del infractor; y

III.	La reincidencia.

El Instituto establecerá mediante lineamientos de carácter general, las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta de observancia de sus determinaciones y de la notificación y ejecución de las medidas de apremio que apliquen e implementen, conforme a los elementos desarrollados en el presente Capítulo.

El Instituto podrá requerir al infractor la información necesaria para determinar su condición económica, apercibido de que en caso de no proporcionar la misma, las multas se cuantificarán con base a los elementos que se tenga a disposición, entendidos como los que se encuentren en los registros públicos, los que contengan medios de información quedando facultado el Instituto para requerir aquella documentación que se considere indispensable para tal efecto a las autoridades competentes.

Artículo 109.- Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida de apremio al infractor.

Artículo 110.- En caso de reincidencia, el Instituto podrán imponer una multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado la primera vez.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

Artículo 111.- Las amonestaciones públicas serán impuestas por el Instituto y será ejecutada por el superior jerárquico inmediato del infractor con el que se relacione.

Artículo 112.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente capítulo deberán ser aplicadas por el instituto y los organismos garantes, por si mismos o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Artículo 113.- Las multas que fijen el Instituto y los organismos garantes se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

Artículo 114.- En contra de la imposición de medidas de apremio procede el recurso correspondiente ante el Poder Judicial de la Federación.

Capítulo II
De las infracciones y sanciones

Artículo 115.- Serán causas de responsabilidad y sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes:

I.	Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;

II.	Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para responder las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho de que se trate;

III.	Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

IV.	Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los principios y deberes establecidos en la presente Ley;

V.	No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los elementos a que refiere el artículo 20, de la presente Ley, según sea el caso, y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

VI.	Clasificar como confidencial, con dolo o negligencia, datos personales sin que se cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa, que haya quedado firme, respecto del criterio de clasificación de los datos personales;

VII.	Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 30, párrafo tercero, de la presente Ley;

VIII.	No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los artículos 24, 25 y 26 de la presente Ley;
I.	

IX.	Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de medidas de seguridad según los artículos 24, 25 y 26, de la presente Ley;

X.	Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto en la presente Ley;

XI.	Obstruir los actos de verificación de la autoridad;

XII.	Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por el artículo 4, de la presente Ley;

XIII.	No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto; y

XIV.	Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere el artículo 44, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o bien, entregar el mismo de manera extemporánea.

Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, II, IV, VI, X, XII y XIV, así como la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones de este artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.

En caso de que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un partido político, la investigación y, en su caso, sanción, corresponderán a la autoridad electoral competente.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 116.- Derogado.

(Artículo derogado mediante decreto número 1763, aprobado por la LXIV Legislatura del Estado el 18 de noviembre del 2019 y publicado en el Periódico Oficial número 25 Séptima Sección de fecha 19 de junio del 2021)

Artículo 117.- Derogado.

(Artículo derogado mediante decreto número 1763, aprobado por la LXIV Legislatura del Estado el 18 de noviembre del 2019 y publicado en el Periódico Oficial número 25 Séptima Sección de fecha 19 de junio del 2021)

T R A N S I T O R I O S :

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO. En el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, se deberán establecer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley.

TERCERO. Se abroga la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el veintitrés de agosto de dos mil ocho.

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en el ámbito estatal, de carácter estatal y municipal, que contravengan lo dispuesto por la presente Ley.

QUINTO: Las solicitudes de derechos ARCO o recursos de revisión que se encuentren en trámite ante los sujetos obligados o en el Instituto se resolverán de conformidad con la ley que les dio origen.

SEXTO: El Instituto deberá emitir los Lineamientos a que se refiere la presente Ley, y publicarlos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, a más tardar el veintisiete de enero de dos mil dieciocho.

SÉPTIMO: Los sujetos obligados como responsables, deberán adecuar su normatividad interna a más tardar el veintisiete de julio de dos mil dieciocho.

N. del E.
A continuación, se transcriben los decretos de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados del Estado de Oaxaca.

DECRETO NÚMERO 1762
APROBADO POR LA LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 51 NOVENA SECCIÓN
DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN la fracción II del artículo 7 y el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

DECRETO NÚMERO 1763
APROBADO POR LA LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 25 SÉPTIMA SECCIÓN
DE FECHA 19 E JUNIO DEL 2021

ARTÍCULO PRIMERO.- Se DEROGAN los artículos 116 y 117 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA la fracción V del artículo 10; el artículo 79; el inciso i) de la fracción IV y el inciso c) de la fracción V, ambas del artículo 87; el párrafo segundo del artículo 114; el artículo 115; el artículo 148; la fracción III del artículo 156; el párrafo segundo del artículo 158; el segundo párrafo de la fracción I; las fracciones II y III, y el párrafo segundo del artículo 167; y se ADICIONAN los artículos 156 Bis; 156 Ter; 156 Quáter, 156 Quinquies; 156 Sexies; 167 Bis; 167 Ter y 167 Quáter, y se DEROGA la fracción XIII del artículo 10, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.